El Instituto Geográfico Nacional detectó en la madrugada de este pasado miércoles un terremoto de 2,3 grados en la escala de Richter en Hontanaya (Cuenca), a menos de 24 kilómetros de la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) que se quiere construir en otro municipio conquense, Villar de Cañas. El riesgo sísmico ha sido precisamente la razón más defendida por partidos políticos en la oposición y grupos ecologistas que se oponen al almacén nuclear, especialmente tras el terremoto de Ossa de Montiel (Albac).
No es el primer seísmo
Según la página web del Instituto, el seísmo ha tenido lugar en Hontanaya a las 1:03 horas de este miércoles, a 12 kilómetros de profundidad. No es la primera vez que este pueblo de la Mancha conquense, de alrededor de 300 habitantes, sufre un episodio similar. Según ha explicado en declaraciones a EFE su alcalde, Emilio Lucas, al haber sucedido de madrugada "no se ha enterado nadie, se han dado cuenta cuando lo han escuchado al día siguiente".
Un proyecto de Cospedal
El Gobierno de Rajoy autorizó a los pocos días de tomar posesión, con José Manuel Soria de ministro de Industria, la instalación del ACT en el término municipal de Villar de Cañas. Un proyecto en el que puso empeño la secretaria general del PP y entonces presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que influyó en el nombramiento del exalcalde de Ciudad Real y vicepresidente de las Cortes regionales, Francisco Gil-Ortega, como nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), la empresa públlica encargada de ejecutar las obras, valoradas en 1.200 millones de euros.
La mala gestión de Gil-Ortega terminó con su dimisión y la paralización de la obra principal, aunque la compra de equipos, por valor de decenas de millones de euros, y servicios siguieron adelante bajo la tutela del nuevo presidente, Juan José Zaballa.
La justificación de Sáenz de Santamaría
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó la instalación del ATC por el desembolso de 60.000 euros que debía hacer el Estado "cada día" por trasladar y almacenar residuos en Francia. Las cifras han sido rebatidas por Unidos Podemos, que estiman que el perjuicio por el retraso rondaría los 100 millones de euros, a lo que habría que añadir 77,4 millones que lleva gastados Enresa.
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